Las empresas que exploran litio en México «comparten» el interés del Gobierno federal de maximizar el valor agregado para fabricar baterías, por lo que respetarán sus concesiones, dijo el Subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente había propuesto nacionalizar ese oro blanco como, en esencia, ocurría en Bolivia antes del Golpe de Estado.
Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– Además de usarse contra la bipolaridad, el oro blanco es clave para la electromovilidad. Ante sus enormes reservas, el Gobierno de Bolivia de Evo Morales tenía el plan de explotar el litio, industrializarlo para producir baterías y así exportarlo con valor agregado a través de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos en asociación público-privada con Alemania y China. Pero llegó el Golpe de Estado a finales del año pasado y ahora, acusa la oposición, la derecha analiza privatizar el sector minero.
En México la moneda está en el aire. A diferencia de Bolivia, donde en un inicio se inclinó más hacia el Estado, el Gobierno mexicano explora desde 2015 yacimientos de litio en Sonora, Jalisco y Puebla a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM). Pero también empresas de Canadá, Reino Unido, España y Australia exploran por su cuenta litio-potasio y carbonato de litio en Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Baja California, reporta la Dirección General de Desarrollo Minero de la Subsecretaría de Minería. El proyecto de la estadounidense Pan American Lithium en Baja California se postergó.
De los 31 proyectos registrados, la canadiense OrganiMax Nutrient Corp tiene 15 por concesiones de salares de potasio y litio que comprenden más de 424 mil hectáreas en Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila, expone en su página.
Y el proyecto en Bacadéhuachi, Sonora, de la canadiense Bacanora Minerals –con asesoría de la china Gangef–, es el más avanzado y prometedor. Con una inversión de 420 millones de dólares, con minería a cielo abierto estima producir a partir de 2021 alrededor de 17 mil 500 toneladas anuales de carbonato de litio, y en una segunda fase, 35 mil toneladas al año, de acuerdo con el reporte técnico de viabilidad publicado por Bacanora. Mining Technology calcula que este yacimiento tiene reservas probadas y probables de 243 millones de toneladas, por lo que sería el depósito más grande del mundo.
«Los concesionarios comparten el interés de maximizar el valor agregado que pueden generar en México [como producir baterías tras la extracción]. Trabajamos con ellos y con el Gobierno del Estado para que superen los retos que aún tienen enfrente y para que se posicionen en las cadenas de valor internacional», tuiteó el Subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es necesario «nacionalizar» el litio, como lo sugirió el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo.
Beatriz Olivera, investigadora de Fundar especializada en minería, destacó que la derrama de la actividad minera extranjera en México es «mínima»: en 2018 el pago de impuestos de las mineras representó 0.5 por ciento de los ingresos de las finanzas públicas, documentó, por lo que el fortalecimiento del Estado en la exploración minera dejaría un beneficio económico «más tangible».
Sin embargo, es preocupante en términos ambientales y sociales, ya que independientemente de si es empresa pública o privada, «el medio ambiente queda siempre relegado y no se escuchan las voces afectadas», dijo. En las zonas donde hay proyectos de exploración, recomendó, deben hacerse estudios por impactos en el acceso de agua. El proyecto de Bacanora en Sonora se contempla explotar con minería a cielo abierto, «una de las técnicas más destructivas que existen, porque se usan explosivos para remover terrenos para los tajos profundos que impacta a la biodiversidad y después se usan sustancias tóxicas como cianuro o arsénico».
MÉXICO: APENAS EN EXPLORACIÓN
En México el debate entorno a cómo aprovechar nuestras propias reservas revivió por la intención de la Secretaría de Medio Ambiente de crear una empresa –pública o privada– para «nacionalizar» y que «el Gobierno controle el uso del litio», como dijo hace unas semanas el Secretario Víctor Toledo durante un webinar de la UNAM. En diciembre aseguró que como el litio será el nuevo petróleo, «nuestro país debería ser capaz de producir autos eléctricos en fábricas públicas».
«El litio se va a volver algo estratégico. Buena parte de la situación de Bolivia [el Golpe] se debe a que es el país más rico en litio. Nuestro país también tiene grandes yacimientos de litio, simplemente en Sonora se acaba de revelar», aseveró durante una conferencia de prensa aquel último mes de 2019.
Además de baterías de litio para autos eléctricos que reducen emisión de gases contaminantes, el litio también puede usarse en la industria aéreo-espacial, del aluminio, vidrio y cerámica, sistemas de aire acondicionado, grasas y lubricantes, así como en la farmacéutica.
«La incorporación de litio metálico y algunos compuestos se utilizan como catalizadores en la producción de analgésicos, agentes anticolesterol, antihistamínico, anticonceptivos, inductores del sueño, algunos tipos de esteroides, tranquilizantes, vitamina A y otros productos. El carbonato de litio, grado farmacológico, es utilizado en el tratamiento de la psycosis maníaca depresiva», detalla el Perfil del Litio 2018 hecho por la Secretaría de Economía en el sexenio pasado.
Actualmente México importa litio principalmente de Chile, Eslovenia y Estados Unidos, expone el documento.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó sobre la propuesta del Secretario de Ambiente Víctor Toledo que «no es necesaria la nacionalización», porque el Artículo 27 constitucional establece el dominio de la Nación sobre los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo. «Por eso hay un mecanismo de entrega de concesiones, habría que ver en qué condiciones se entregarían», dijo. En otras ocasiones ha recalcado que su Gobierno no ha entregado nuevas concesiones mineras.
El Subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, tuiteó al respecto que el litio, como los demás metales y minerales, ya son propiedad de la nación. «Las concesiones dadas se respetarán. Acompañamos los proyectos para maximizar el impacto económico y social», escribió. «Los concesionarios comparten el interés de maximizar el valor agregado que pueden generar en México. Trabajamos con ellos y con el Gobierno del Estado para que superen los retos que aún tienen enfrente y para que se posicionen en las cadenas de valor internacional».
En febrero, durante el Mining Fourum 2020 previo al confinamiento, Quiroga planteó pinceladas sobre el plan. Lo que quiere el Gobierno es tener «rectoría» sobre el litio, «sin pronunciarnos todavía cómo será el esquema de desarrollo».
Pero, abundó que se ha reunido con inversores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón y Reino Unido entorno al litio. «Hay mucho interés en participar», afirmó. “Lo que estamos ofreciendo no es nada más la promoción de la actividad minera, sino la actividad minera en conjunto con la cadena productiva; la capacidad manufacturera ha sido de mucho interés».
LA LECCIÓN DE BOLIVIA PARA MÉXICO
«Este Golpe de Estado es porque Estados Unidos quiere nuestro litio», le dijo una manifestante aimara en La Paz, días después de la renuncia de Morales, al periodista Andy Robinson, como narra en Oro, petróleo y aguacates (Arpa, 2020), un tributo y actualización de las Venas abiertas de América Latina del uruguayo Eduardo Galeano.
Pero, tras un recorrido por el salar de Uyuni, yacimiento de litio clave a nivel mundial ubicado en el Departamento de Potosí, Robinson concluye que la relación entre el litio y el Golpe de Estado es más simbólica que real.
«Con su baja concentración, seis veces menor que en los salares chilenos, y elevados costes de producción, todos los analistas con los que hablé me aseguraban que el depósito de Uyuni difícilmente sería una prioridad para Washington ni Pekín. Australia, Chile y los depósitos de litio propios de las dos potencias (el del lago Zabuye del Tíbet en China y el del desierto de Nevada en EU) eran mucho más importantes», documenta.
El académico boliviano Alexis Montaño, especialista en minería, agregó vía telefónica que aunque también hubo connotaciones políticas, el Gobierno de Morales se caracterizó por darle prioridad al Estado a través de la creación de empresas nacionales y, en contraste, el Gobierno de la derechista Jeanine Áñez «ha empezado a desprestigiarlas, como la Boliviana de Aviación, y prepararlas para una futura privatización también en el sector minero, que representa el 30 por ciento del PIB». Ha cambiado tres veces al gerente de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos.
El candidato a Presidente Luis Arce tuiteó hace unos días que «intereses privatizadores recorren nuevamente Bolivia. El gobierno ‘transitorio’ no sólo paralizó el proyecto soberano de industrialización del litio, sino que a espaldas del pueblo está tomando decisiones sobre nuestros recursos naturales. No permitiremos que se entregue a transnacionales el presente y el futuro de Bolivia. ¡El litio es del pueblo!». El mismo ex Presidente Evo Morales ha dicho que «el golpe al indio fue por el litio» y que el actual Gobierno avanza en su entrega a trasnacionales. Pero nada está definido aún.
Al otro lado del salar en Uyuni, para superar la etapa de extractivismo y mera exportación de materias primas, el Gobierno de Morales levantaba la fábrica piloto de hidrocarburos de litio propiedad del Estado boliviano, construida en colaboración con técnicos y capital chinos y alemanes. Ahora está en el limbo al menos hasta las elecciones planeadas para septiembre.
«Con el litio sería diferente. Según el plan gubernamental, se industrializaría dentro de Bolivia todo el proceso de producción, desde la extracción del litio a la batería, hasta el coche eléctrico. […] La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) nada tenía que ver con la carta blanca que Chile regaló a las mineras multinacionales para explotar el litio del desierto de Atacama», observó el periodista en el libro.
Desde Bolivia el académico especialista en minería, Alexis Montaño, abundó en entrevista que en la primera etapa se consolidaron dos plantas piloto para extracción nacional y exportación de carbonato de litio y cloruro de potasio (fertilizante) a Brasil y Argentina. Su técnica no es minería a cielo abierto, como prevé el proyecto en Sonora, sino al ubicarse en samueras, se extrae el líquido en un proceso físico sin uso de químicos. Pero requiere demasiado empleo de agua en una zona semiárida, por lo que «han habido descontentos en comunidades aledañas».
«Había sido lento porque hubiera sido más sencillo que una trasnacional con toda la tecnología a su disposición entre al país para hacer la explotación y producción. Pero la consigna del Estado es que el litio fuera de lo bolivianos para los bolivianos», dijo.
Para acelerar la industrialización, continúa el capítulo del litio del libro de Andy Robinson, en diciembre de 2018 «el gobierno firmó un contrato con la pequeña empresa alemana ACI Systems –uno de los proveedores de batería a Tesla, el vanguardista fabricante de automóviles eléctricos en California– para producir hidróxido de litio a partir del mineral extraído en el salar y fabricar baterías de ion litio para el mercado europeo. La empresa china Xinjiang Tbea Group-Baocheng haría lo mismo para Asia. Ambos serían socios de Yacimientos de Litio Bolivianos».
Era la segunda parte de exploración y exportación para darle valor agregado a la materia prima extraída. «Bolivia siempre ha sido un punto de interés por la plata, estaño y ahora litio, y se ha caracterizado por el saqueo de estos recursos y quedarse en explotación de materia prima. La visión de Evo era interesante porque buscaba industrializarlo», dijo Alexis.
Pero ante la presión de la derecha rompió el contrato de asociación público-privada con la empresa alemana a finales del año pasado. «La campaña potosina contra el plan del litio se había metamorfoseado en una campaña golpista contra Morales», concluye Robinson. Bolivia tiene mucho potencial en el mercado de baterías de litio, pero dependerá de las decisiones políticas y sociales en los próximos años, previó el investigador Alexis Montaño.
